El agro hizo frente común contra la ley de abastecimiento

Las instituciones que reúnen a todos los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR) objetan el proyecto de ley que intenta modificar la ley de Abastecimiento -20.680- por la ley “Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo”. Esto dijeron: 

"El proyecto de ley fue analizado desde tres ópticas diferentes: En primer lugar se examinó el marco legal y regulatorio. El proyecto de ley es contrario a la Constitución Argentina en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita. También reemplaza el concepto de propiedad privada, garantizada en la Constitución Nacional (Artículo 17), por el de propiedad pública, al pasar el estado a hacerse cargo de la gestión de los medios de producción. Seguidamente, se consideró el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales, concluyéndose que las facultades que se concederán al Poder Ejecutivo impactarán negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. Finalmente, se consideraron distintas ideas que se intentan instalar en la sociedad que son contrarias al desarrollo económico y social. 

Así como este proyecto de ley contempla castigos para quienes invierten y trabajan para desarrollar un proceso productivo, debería legislarse para prever sanciones para aquellos funcionarios cuyas medidas o decisiones afecten negativamente el normal desarrollo productivo, provocando caídas en la oferta de productos o servicios, poniendo en riesgo el normal abastecimiento. A estos funcionarios correspondería, desde el punto de vista civil, resarcir a la sociedad por el daño causado por ignorancia o negligencia, ambas actitudes culposas. Desde el punto de vista penal deben establecerse sanciones de carácter esencialmente vindicativo, es decir, sanciones de carácter moral como por ejemplo el no ejercicio de cargos públicos o también, como se aplica en varias profesiones, la mala praxis.

Desde nuestras instituciones venimos trabajando desde hace años para instalar el concepto de Cadena de Valor. Este concepto fue muy útil para resolver ciertos debates sociales que impedían el desarrollo, como la antinomia campo versus industria, o la lucha entre productores y consumidores. También rescató el valor que tienen las exportaciones para el desarrollo. Los países que lo pusieron en práctica y desarrollaron sus cadenas de valor lograron un rápido crecimiento de sus capacidades productivas, pero también consiguieron generar una gran cantidad de puestos de empleo. Fue a partir de este concepto que los países pudieron desarrollarse en forma armónica y generar una gran cantidad de oportunidades para toda la sociedad.

Por todo lo expresado, solicitamos a los señores Diputados de la Nación Argentina que rechacen la pretensión del Poder Ejecutivo sobre este proyecto del ley que atenta contra la propiedad privada, la libertad de comercio y la libertad de trabajo, todos principios establecidos en nuestra Constitución, e impactará negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social".